ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO Logos-Falcultades

 
Tesis doctorales de la Escuela Internacional de Doctorado de la URJC desde el curso 2024/25
Laboralización de la función parlamentaria (1810-2025)
AutorDOMÍNGUEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN MARÍA
DirectorVILLA GARCÍA, ROBERTO
Fecha de depósito25-11-2025
Periodo de exposición pública26 de noviembre a 11 de diciembre de 2025
Fecha de defensaSin especificar
ProgramaHumanidades: Lenguaje y Cultura
Mención internacionalNo
ResumenDesde que comenzó el sistema parlamentario en España, se ha producido un proceso que ha desembocado en una laboralización de la función parlamentaria. En esta tesis se analiza ese proceso, que se inició con las retribuciones de los diputados españoles en las Cortes de Cádiz y su evolución hasta nuestros días. También se estudia la fundamentación de las ideas que se exteriorizaron en los debates sobre si la función representativa debía ser retribuida o no. De hecho, durante las Cortes de Cádiz se estableció una retribución de 40.000 reales de vellón que debían pagar las Diputaciones. Acuerdo que se extendió al trienio liberal, pero que, en muchos casos, por las circunstancias bélicas de la época, no cobraron.

Desde el Estatuto Real hasta la Constitución de 1876 permaneció el criterio de la gratuidad del cargo de diputado, concepto que entró en crisis a principios del siglo XX, al igual que en los parlamentos del resto de Europa. No obstante, cuando en España se produjo un incremento de las retribuciones de 500 a 1.000 pesetas en 1922, la prensa fue claramente hostil a este aumento que contribuyó al desgaste del parlamentarismo.

Tan solo cuatro años después, en la Asamblea Nacional promovida durante la dictadura de Primo de Rivera, estableció que los asambleístas cobraran, al igual que durante la Segunda República, con lo que se acabó ya definitivamente la idea de la gratuidad del cargo y comienza la profesionalización. Los asambleístas ya tuvieron un sueldo y durante la Segunda República, se estableció en la Constitución que los diputados debían tener retribución, y, sobre todo se aprobó en 1933 una ley de incompatibilidades que conducía a que los diputados se profesionalizaran.

Esta evolución clara hacia la profesionalización que se produjo cuando terminó el Régimen de la Restauración, alcanzó su apogeo con las Cortes orgánicas, porque en realidad los Procuradores llegaban a serlo, en general, por ocupar otro cargo en el Régimen, o por designación del Jefe del Estado, es decir, por ser “profesionales de la política”. Sí que cobraban por ser Procuradores, aunque al principio, cantidades modestas y las dietas por asistencia, porque no solamente no eran incompatibles con otros puestos, sino que eran Procuradores en Cortes por ocupar otro puesto, en general. En consecuencia, salvo los representantes de instituciones como Universidades, Reales Academias o Colegios Profesionales, todos los demás pertenecían a Corporaciones. De ahí que las Cortes fuesen corporativas, principalmente, municipios y sindicatos verticales, por lo que, la mayoría de los Procuradores tenían su nómina principal fuera de las Cortes. Si durante el periodo de las Cortes orgánicas se configuró el cargo de parlamentario ya muy profesionalizado, con la llegada de la Transición a la democracia, poco a poco se produjeron una serie de cambios de diferente signo, que condujeron a una clara laboralización. Por una parte la designación por los partidos políticos, de los que iban a ser diputados en las listas cerradas, significaba que la elección popular, en realidad, era una ratificación de los que aparecen en la lista; y, por otra parte, la inclusión de la mayor parte de los diputados en el Régimen General de la Seguridad Social, completaba el perfil del diputado como un trabajador por cuenta ajena, con las características de dependencia y ajenidad en relación con su partido, que es el que los “coloca” en el Congreso, pero con más ventajas en términos generales, de protección social, que un trabajador corriente (indemnización por cese, entre otras cosas). Por lo que, además de laboralización de la función parlamentaria, los miembros del Congreso, adquieren perfiles de privilegiados.

 

 

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